La intendenta de Inriville denunció penalmente presuntas irregularidades en la Cooperativa de Electricidad
Julieta Aquino aseguró que presentó la denuncia en abril ante la Justicia contra el gerente, integrantes del Consejo de Administración y otras personas
La intendenta de Inriville, Julieta Aquino, informó a través de sus redes hoy miércoles que presentó una denuncia penal ante la Justicia por presuntas irregularidades en la administración de la Cooperativa de Electricidad de la localidad.
A través de un comunicado oficial, la jefa municipal explicó que la presentación judicial fue realizada durante el mes de abril, luego de recibir información sobre supuestas anomalías en el manejo de la institución. La denuncia alcanza al gerente, Horacio Giacone, integrantes del Consejo de Administración y otras personas, con el objetivo de que la Justicia investigue los hechos y determine las responsabilidades que pudieran corresponder.
Aquino señaló además que, tras conocer las primeras denuncias, impulsó una auditoría sobre los balances de la cooperativa. Según indicó, del análisis surgieron datos que “llaman poderosamente la atención”, especialmente en relación con la remuneración del gerente.
De acuerdo con la mandataria, el salario mensual estimado del gerente sería superior a los 30 millones de pesos, una cifra que calificó como “totalmente escandalosa”, al compararla con los haberes de gerentes de otras cooperativas de la región, que —según sostuvo— oscilan entre los 3 y 5 millones de pesos mensuales.
En el mismo comunicado, Aquino afirmó que durante los años analizados el sueldo del gerente habría superado incluso las ganancias obtenidas por la cooperativa. Como ejemplo, mencionó que en 2025 la entidad registró una utilidad de 296 millones de pesos, mientras que la remuneración anual estimada del gerente habría superado los 400 millones de pesos.
Finalmente, la intendenta aclaró que la decisión de acudir a la Justicia “no responde a un interés político personal” y sostuvo que, como funcionaria pública, tiene el deber legal y ético de poner en conocimiento de la Justicia cualquier circunstancia que pudiera constituir un delito contra el patrimonio de una institución de relevancia para la comunidad.
