La Cámara de Apelaciones define este martes si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá este martes si sostiene la suspensión del fallo que ordenó al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF.
La decisión del tribunal podría darse en tres direcciones posibles: la continuidad de la suspensión vigente, el levantamiento de dicha medida o la imposición de la obligación para presentar alguna otra forma de garantía económica, a la vez que se desarrollan las apelaciones en el proceso judicial relacionado con la expropiación de la empresa petrolera.
Según precisó este lunes Sebastián Maril, el especialista de Latam Advisors que sigue los pormenores de la causa, la determinación “probablemente no sea publicada hasta el miércoles“. Además, anticipó: “En caso de que las alternativas 2 y 3 ocurran, el Gobierno recurrirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos”.
El pasado 30 de junio, la jueza del distrito sur de Nueva York Loretta Preska le ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF a “los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia” que obliga al país a desembolsar USD 16.000 millones por la estatización en 2012.
Semanas más tarde, el país presentó un descargo argumental para sostener la suspensión de esa medida. En este sentido, plantearon que “ejecutar la orden de entrega de las acciones” de la petrolera mientras se apela “causaría un daño irreparable a la República, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”.
Asimismo, los abogados cuestionaron que Preska “resolvió una cuestión jurídica contra el criterio del Gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión”.
De esta manera, se buscó que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación, en lugar de la pausa estipulada originalmente, que se limita al lapso que duren las actuales presentaciones de las partes.
El caso se inició en 2015, cuando el fondo inglés Burford y el estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Ambas habían pertenecido al grupo argentino homónimo -de la familia Eskenazi-, y tenía una participación del 25% en YPF al momento de la nacionalización.
